LA INTERVENCION ARMADA
DE LA OTAN Y EL DEBATE SOBRE SU LEGALIDAD
El inicio
de las acciones armadas por parte de la OTAN no contó con la autorización
expresa del Consejo de Seguridad. Se intentó buscar una base jurídica implícita
en las resoluciones anteriores al inicio de los bombardeos, pero esta tesis fue
abandonada por la oposición de China y Rusia.
Es un hecho que las acciones se iniciaron sin la autorización expresa del Consejo de Seguridad y sin seguir lo recogido en el Capítulo VII de la Carta, por lo que las acciones deberían ser per se ilegales; pero no es menos cierto que el Capítulo VII nunca se había aplicado estrictamente en otras intervenciones militares anteriores por lo que el hecho de la no existencia de la autorización no debería ser suficiente para considerar la intervención como ilegal.
Quienes
mantienen la ilegalidad de la intervención sostienen que el Consejo de
Seguridad no estaba bloqueado (como ocurrió en la Guerra de Corea), puesto que
había adoptado varias resoluciones relacionadas con el problema kosovar, por lo
que tendría que haberse continuado con la negociación, pese a los crímenes que
se estaban cometiendo y que llegaron a ser minimizados por una parte de la
doctrina.
Los
estados miembros de la Alianza justificaron la intervención en estrictas
razones humanitarias, para poner fin a las matanzas que se estaban llevando a
cabo en Kosovo tras doce largos meses de de infructuosas negociaciones
diplomáticas. Los gobiernos de Francia, España, Reino Unido o Estados Unidos se
manifestaron en este sentido de forma abierta.
Pero de
todos modos no fue hasta la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del
Consejo del Atlántico Norte que tuvo lugar en Washington los días 23 y 24 de
abril que se adoptó una “Declaración sobre Kosovo” en la que se recogen los
motivos de la intervención, dos meses después del inicio de las operaciones y
se establecen los siguientes puntos:
· La crisis de Kosovo, el abuso de una política deliberada
de opresión, de limpieza étnica y de violencia del gobierno de Milosevic, pone
en duda los valores que defiende la OTAN: democracia, derechos humanos y primacía
del derecho.
· Las acciones militares no van dirigidas contra el pueblo
serbio sino contra el régimen de Belgrado que de forma reiterada rechazó todos
los esfuerzos tendentes a una solución pacífica de la crisis.
· Las acciones llevadas a cabo por las fuerzas militares,
paramilitares y de la policía yugoslava suponen una violación flagrante del
Derecho Internacional y los gobiernos se comprometen a colaborar con el
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.
La acción
de la OTAN contó con el apoyo de los Estados miembros de la UEO, así como otros
países alejados de la órbita europea como Brasil, Argentina, Gabón, Gambia y
Malasia.
La sociedad internacional no podía tolerar lo
que estaba sucediendo en Kosovo, ya que eran obvias las violaciones de los
derechos fundamentales que se estaban llevando a cabo a través de las políticas
de depuración étnica, matanzas de civiles o deportaciones masivas, y era hasta
cierto punto increíble que el Consejo de Seguridad no adoptara ninguna decisión
importante para detener las atrocidades que se estaban cometiendo y defender a
las víctimas.
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