EL CONFLICTO
Muchos han
querido ver la primera chispa del conflicto en las ansias de revancha de Serbia
frente a las concesiones hechas en Bosnia y Herzegovina tras la disolución de
la antigua Yugoslavia, decidida a castigar a la población musulmana de Kosovo,
si bien el problema kosovar de Serbia venía de antiguo.
Las causas
políticas del conflicto arrancan en 1981, después de la muerte del Mariscal
Tito, año en el que la población albanokosovar (no cristiana y no eslava)
protesta contra un estatuto que consideran discriminatorio. En 1989 el gobierno
de Milosevic, después de las manifestaciones independentistas de primeros de
año, decide revocar el estatuto de autonomía de Kosovo comenzando la represión
de los manifestantes.
En 1990 el
Gobierno de Belgrado continuó con las medidas represivas: cierre de medios de
comunicación como el diario albanés “Rilindja”, disolución del parlamento
kosovar, prohibición de la enseñanza de la lengua albanesa, establecimiento de una auténtica ley marcial.
Acciones todas ellas que tenían como objetivo empujar a la población albanesa
de Kosovo a emigrar, de ahí la “sensación” de “limpieza étnica” que se iba a
instaurar en la región.
El
conflicto se agrava cuando los líderes albanokosovares votan en septiembre de
1991 la “Declaración Constitucional de la República de Kosovo” que exponía el
derecho de autodeterminación del pueblo kosovar. Esta Declaración no propugnaba
la independencia, sino el establecimiento de una república dentro de la
Federación yugoslava.
Así las
cosas, en octubre de 1991 la Asamblea provincial declaró Kosovo como un estado
independiente que fue reconocido tan sólo por Albania. Cuando en mayo de 1992
se celebró un plebiscito para la elección de un Presidente y un Parlamento
kosovar, las simpatías internaciones no se tradujeron en un reconocimiento por
parte del resto de los Estados de la nueva república, sino a simples
declaraciones de apoyo.
Este fue
uno de los motivos que propició el nacimiento del Ejército de Liberación de
Kosovo (ELK) y una de las causas de internacionalización del conflicto, a raíz
de los actos terroristas que llevó a cabo.
Si bien el ELK nunca fue considerado un representante legítimo del
pueblo kosovar, su ascenso parecía imparable, obteniendo un trato de favor de
la comunidad internacional (es un hecho probado que muchos de los combatientes
recibieron entrenamiento de la CIA y los servicios secretos alemanes). De este
modo, poco a poco, el pueblo va perdiendo la fe en el diálogo, representado por
Rugova, y se refuerza la tesis de la liberación por la fuerza.
Mientras
la población albanesa de Kosovo quería ejercer su derecho de autodeterminación,
las autoridades serbias consideraban que se trataba de un asunto interno, por
lo que no consideraba necesaria la “mediación” internacional.
Sin
embargo la situación acabó internacionalizándose, terminando en el Grupo de
Contacto primero (Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y
Rusia) primero y en el Consejo de Seguridad de la ONU en última instancia.
El Grupo
de Contacto se reunió en diferentes ocasiones a lo largo de 1998 proponiendo
varias mediadas, entre ellas un embargo de armas total contra la República
Federativa de Yugoslavia. Sin embargo ni los propios miembros del Grupo de
Contacto estaban completamente de acuerdo con las medidas a tomar, con Estados
Unidos y Reino Unido partidarios de una reacción rápida y Francia e Italia
mucho más comedidos. La declaración final del Grupo no se posicionó demasiado
en ningún aspecto: condenaba el uso de la fuerza por parte de las autoridades
serbias contra la población civil así como las acciones del ELK. No apoyaba la
independencia de Kosovo, pero tampoco defendía el régimen que las autoridades
de Belgrado estaban aplicando. La única declaración contundente era la
necesidad de respetar los derechos humanos.
Más tarde,
el 31 de marzo de 1998, el Consejo de Seguridad de la ONU decide adoptar la Resolución 1160 en la que se decide el
embargo total de armas a la República Federativa de Yugoslavia, tal y como
había propuesto el Grupo de Contacto mientras hace una condena explícita de “el
uso de la fuerza excesiva por las fuerzas policiales serbias contra civiles y
manifestantes pacíficos en Kosovo, así como los actos de terrorismo del
Ejército de Liberación de Kosovo o cualquier otro grupo o persona y todo el
apoyo externo a las actividades terroristas en Kosovo, incluidas la
financiación, la provisión de armas y el adiestramiento”.
En esta
resolución se establecía además, que todos los estados deberían actuar
estrictamente de conformidad con esta resolución y respetar la integralidad
territorial del estado yugoslavo. Aunque también indica que para poner fin a la
situación de violencia y terrorismo que vive Kosovo, el gobierno yugoslavo debe
ofrecer un proceso político digno a la población albanesa de Kosovo que lleve a
un mayor grado de autonomía y autoadministración, siempre dentro del respeto de
la integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia.
Finalmente,
también se insta a la Oficina del Fiscal del Tribunal Penal para la antigua
Yugoslavia a recoger información sobre los actos de violencia acaecidos en
Kosovo por si pudieran entrar en el ámbito de su jurisdicción.
Todas
estas premisas no pusieron fin a los actos de violencia en Kosovo, ni se
vislumbraba en el horizonte próximo una solución al conflicto, de modo que se
empezaron a tomar medidas al margen de la comunidad internacional (p.e. en mayo
de 1998 la OTAN llevó a cabo unos ejercicios militares en Albania y Macedonia
con el fin de proteger sus fronteras).
El 23 de
septiembre el Consejo de Seguridad se volvió a reunir, adoptando la Resolución 1199, que resulta importante
por recoger los siguientes puntos:
· Se reconoce que la situación de Kosovo es un conflicto armado.
· Se reconoce el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza
llevado a cabo por las fuerzas de seguridad serbias y por el ejército
yugoslavo, provocando bajas entre la población civil y el desplazamiento de
miles de refugiados.
· Se reconoce que la masiva afluencia de refugiados
principalmente a Albania y a Bosnia y Herzegovina, pero también a otros países
europeos, es fruto del uso de la fuerza en Kosovo.
· Se describe la situación humanitaria como catastrófica y
se señala las violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional
humanitario.
· Se reconoce que el deterioro de la situación en Kosovo es
una amenaza a la paz y seguridad de la región. Es en este momento cuando ya se
habla de “amenaza a la paz y seguridad internacionales” al situar el conflicto
en el ámbito del art. 39 de la Carta de Naciones Unidas.
Sobre
estas premisas se pide tanto a las autoridades de Belgrado como a los
representantes de la población kosovar que entablen un diálogo con
participación internacional y con el establecimiento de un calendario claro, si
bien el peso mayor cae sobre Belgrado que debe cumplir los siguientes puntos
establecidos en la propia resolución y que atenta contra la soberanía del
Estado yugoslavo sobre Kosovo:
· Cesar toda acción por parte de sus fuerzas de seguridad
contra la población civil ordenando su retirada.
· Permitir una supervisión internacional continua sobre
Kosovo y facilitar el regreso a sus hogares de los refugiados y de las personas
desplazadas en unas condiciones mínimas de seguridad.
· Adoptar las medidas necesarias para velar por el personal
humanitario con el fin de que puedan cumplir sus funciones sin estar sometidos
a amenazas o al uso de la fuerza.
En este
contexto, la OTAN prepara para finales de septiembre un plan para llevar a cabo
acciones de castigo contra los objetivos militares en Kosovo y solicita a los
Estados miembros que indiquen las fuerzas que quieren poner a disposición de la
Alianza para esta acción. Esta sola amenaza llevó a las autoridades de Belgrado
a anunciar el 28 de septiembre el cese de las operaciones en Kosovo, hecho que
no considerado suficiente por la OTAN debido a los testimonios sobre la
continuidad de los actos de violencia contra la población civil.
En este
momento entra en juego la diplomacia americana a través de Richard Hoolbrooke,
ex Secretario de Estado adjunto y mediador de paz para la antigua Yugoslavia,
que presenta un plan de paz a Milosevic el 5 de octubre donde se recogían las
líneas maestras trazadas anteriormente: cese del fuego, retirada de las fuerzas
serbias (una constante desde la adopción de la Resolución 1199) y regreso de
los refugiados.
Este plan
no obtuvo una respuesta clara de Belgrado, por lo que la OTAN decidió el 13 de
octubre activar su operativo militar, que podría dar lugar a operaciones de
castigo en el plazo de una semana. Esta amenaza ahora sí mucho más real,
llevaría a la adopción dos días más tarde, de un acuerdo en el que se
descartaban estas acciones de castigo por parte de la Alianza y tenía por
objeto verificar el respeto de lo establecido en la Resolución 1199.
El acuerdo
fue ratificado por la Resolución 1203
del Consejo de Seguridad el 24 de octubre. Uno de los aspectos más importantes
de esta resolución es que las autoridades serbias aceptarían el inicio de unas
negociaciones con representantes kosovares para debatir la autonomía de Kosovo,
que conllevaría la retirada de las fuerzas serbias, el regreso de los
refugiados y el control de las actividades del ELK. El acuerdo fue llevado a la
práctica bajo la supervisión de la misión de verificación de la OSCE en
Prístina. Para garantizar la seguridad de la delegación, la OTAN decidió
desplegar en la frontera de Macedonia una fuerza de 2.000 soldados.
Parecía,
así que las negociaciones iban por buen camino, pero en enero de 1999 los
miembros de la delegación de la OISCE fueron atacados, descubriéndose casi al
mismo tiempo una matanza de 45 kosovares en Racak.
La
situación elevó el descontento internacional y llevó a la Alianza a reforzar su
presión sobre el gobierno de Belgrado, sin perder de vista que la solución al
conflicto debía ser política y pasar siempre por el Grupo de Contacto de la
OSCE.
Llegados a
este punto, el 29 de enero se vuelve a dar un ultimátum a las partes en
conflicto para que lleguen a una solución política en el plazo de 8 días. El
ultimátum fue aceptado por el moderado Ibrahin Rugova, pero no así por las
autoridades de Belgrado ni por los líderes del ELK. Tras vencer las reticencias
iniciales, el 6 de febrero se inician las conversaciones entre todas las partes
en Rambouillet.
El texto
base para las negociaciones era el acuerdo adoptado por el Grupo de Contacto
que tenía en cuenta los siguientes puntos:
· Necesidad de poner término rápido a la violencia y de
respetar el alto el fuego.
· Solución pacífica de la crisis con un diálogo entre las
partes.
· Establecimiento de un periodo de transición de tres años.
· Prohibición de cambios unilaterales en el estatuto
provisional o transitorio de la provincia.
· Respeto a la integridad territorial de Yugoslavia y de
los estados vecinos.
· Respeto a los derechos de las comunidades, especialmente
en cuanto a sus lenguas, instituciones religiosas y enseñanza.
· Celebración de elecciones libres bajo el control de la
OSCE.
· Inmunidad judicial para las acciones cometidas durante el
conflicto, con la salvedad de los crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad.
· Amnistía y liberación de todos los prisioneros políticos.
· Participación internacional y cooperación de todas las
partes afectadas por el conflicto.
Sin
embargo las partes mostraron que sus posiciones eran inconciliables e
inalterables, mostrándose poco propensas al acuerdo. El ELK se mostró del todo
intransigente rechazando cualquier acuerdo que no previese la independencia en
un plazo relativamente corto. Las autoridades de Belgrado rechazaban el
despliegue de una fuerza multinacional en Kosovo alegando la vulneración del
principio de su soberanía. El intento de acuerdo no podía sino fracasar;
fracaso que se anunció oficialmente el 23 de febrero.
El 15 de
marzo una nueva reunión, esta vez en París, avivó nuevamente las esperanzas de
llegar a un fin dialogado del conflicto. Las presiones de los estados miembros
de la OSCE, especialmente de Estados Unidos, forzaron a los kosovares a aceptar
el acuerdo de paz propuesto. Los serbios lo rechazaron y las conversaciones se
aplazaron sine die el 19 de marzo.
En este
contexto, la retirada de los observadores de la OSCE fue el preludio de lo que
se avecinaba y el 23 de marzo se inicia la operación de la OTAN “Fuerza
Decidida” en la que participan trece países de la Alianza: Italia, Francia,
Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Noruega,
España, Portugal, Turquía y Estados Unidos.
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