EL USO PERMITIDO DE LA FUERZA. KOSOVO (VI)

EL DERECHO HUMANITARIO.

Las razones humanitarias para la intervención eran evidentes, por lo que resulta complicado mantener la ilicitud del acto tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista moral. La llamada “guerra justa” es aquella que ha sido desencadenada a causa de una injuria recibida, para castigar a quien que ha violado un derecho o para la protección de los inocentes. La actitud de la Carta de Naciones Unidas en contra de cualquier intervención militar no debe considerarse en términos absolutos cuando se trata de emprender una acción para la protección de las personas.

El uso de la fuerza se justificó por las atrocidades cometidas, como un imperativo moral que obligaba a los estados a intervenir en los asuntos internos de otro estado cuando se estaba evidenciando la limpieza étnica, violaciones, o cualquier otro tipo de abuso indiscriminado. El uso de la fuerza estaba, en el caso de Kosovo, dirigido exclusivamente a evitar una catástrofe humanitaria y las instituciones de la ONU fallaron estrepitosamente a la hora de dar una respuesta adecuada.

Las olas de refugiados de Kosovo pusieron cara a la tragedia y evidenciaron las atrocidades que habían sido llevadas a cabo. Se había asesinado a civiles y se había destrozado sus propiedades por parte de quienes estaban realizando la limpieza étnica y quienes se vengaban de ellos, así como por las bombas de la OTAN.

Otra cuestión es analizar la guerra a la luz del Derecho Internacional Humanitario y preguntarse si era necesaria tanta destrucción por parte de la OTAN, tratándose de una intervención desde el aire. Es cierto que los bombardeos provocaron sufrimiento, grandes cifras de muertos y heridos, mucho más numerosos entre la población civil que entre los combatientes.

La OTAN lamentó de forma reiterada estos incidentes, pero aun así continuó con sus acciones, para asegurar objetivos de la intervención (a saber: el fin de las matanzas del ejército y la policía yugoslavos, la rendición de todas las fuerzas, el desarrollo de una fuerza internacional bajo el mandato de la OTAN, el regreso de todos los refugiados y el establecimiento de un régimen político adecuado en Kosovo).

Dado que los bombardeos estaban fuera de los términos tanto de la Declaración de la ONU como del tratado de la OTAN, las limitaciones impuestas por la ley internacional incluían tanto la necesidad como la proporcionalidad, algo en lo que quizás se falló.

Hay que tener en cuenta que existe el deber de no empeorar las condiciones de la población amenazada así como el deber de respetar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los civiles.

Se podía prever que el número de civiles desprotegidos sería elevado, como los daños a la infraestructura social, el desarrollo y el patrimonio cultural y el daño a las vías de comunicación. Incluso la fórmula empleada por el Consejo de Seguridad “todos los medios necesarios” debe ser entendida dentro de las restricciones de las leyes de la guerra y lo establecido en la Carta de Naciones Unidas de proteger los intereses de terceros estados (art. 50).

Cuando no hay autorización del Consejo de Seguridad la responsabilidad de los métodos elegidos para conseguir objetivos que van en contra de otros principios de derecho internacional (aunque se trata de la defensa de los derechos humanos) deben ser muy elevados. La ACNUR establece que una campaña de bombardeos debe estar sujeta a control por el Consejo de Seguridad.

El bombardeo de la OTAN fue desproporcionado por ser tanto excesivo en su impacto en los derechos humanos como inadecuado por la ausencia de tropas terrestres que protegieran a la población.

Por otra parte la soberanía de Yugoslavia se vio expuesta por la intervención militar. El acuerdo de paz afirma el compromiso de los estados miembros con la soberanía y la integralidad del la República Federativa de Yugoslavia y llama a una autonomía para Kosovo.

La intervención de Kosovo muestra que Occidente continúa escribiendo el guión del derecho internacional mientras ignoran las salvaguardas constitucionales del orden legal internacional. Occidente asume que su riqueza y poder le otorgan autoridad para desatender otras alternativas.

El compromiso con los derechos humanos que supuestamente defienden la intervención humanitaria no significa igualdad de derechos en todo el mundo. Los derechos de algunos merecen ser defendidos antes que los derechos de otros. A modo de ejemplo, no ha habido intervenciones militares para defender los derechos humanos en Sudán, Afganistán o Etiopía y se retrasaron de forma inadecuada en Ruanda. Parece, así, aunque pueda parecer simplista que es mejor ser un refugiado en Europa (donde “se parecen a nosotros”) que en África, y un dato objetivo parece confirmarlo: ACNUR gasta 11 céntimos de dólar al día por refugiado en África mientras que en los Balcanes llegó a gastar 1,23 dólares en ese mismo concepto.

La intervención de la OTAN a través de su campaña de bombardeos violaba tanto la Carta de Naciones Unidas como el derecho internacional, constituyendo un desafortunado precedente, incluso si en el fondo estuvo bien intencionada.